El acuerdo entre el Senado y la Fundación Toro de Lidia para conceder el galardón suprimido por Cultura es un arma de doble filo y de consecuencias imprevisibles
El acuerdo entre el Senado y la Fundación Toro de Lidia (FTL) para que la Cámara Alta acoja la concesión del Premio Nacional de Tauromaquia en estrecha colaboración con la entidad que preside Victorino Martín es un arma de doble filo y de consecuencias imprevisibles.
En primer lugar, se trata de una sorpresa. No era esto lo previsto a tenor de las intenciones expresadas por el Senado y la FTL a raíz de la supresión del premio por el Ministerio de Cultura.
Y no es una buena noticia. Si el Senado, con mayoría absoluta del PP, concede el llamado Premio Nacional de Tauromaquia está politizando la fiesta de los toros, la convierte en la reivindicación de un partido con una determinada ideología y hace un flaco favor a este patrimonio cultural que lo es de todos los españoles y engloba a seguidores de todas las tendencias políticas.
Un apoyo guiado por buenas intenciones se puede convertir en un problema que ofrezca nuevos argumentos a los que trabajan cada día y con renovados esfuerzos por la desaparición de la fiesta.
¿Quién garantizaría, por otra parte, la continuidad del premio el día que el Partido Popular pierda su hegemonía en el Senado?
Se dice con razón que la tauromaquia carece de adscripción política como tal hecho cultural, y así debe seguir siendo a pesar del empeño de algunos detractores en encasillarla en el franquismo o en la derecha. No era esta ni la letra ni el espíritu de la moción que el Senado aprobó el pasado 29 de mayo, días después de que Cultura anunciara su intención de suprimir el galardón.
Con el voto favorable del grupo parlamentario popular y la abstención de los socialistas, la Cámara Alta instó al Gobierno a recuperar el premio y la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, y añadía que hasta que ambos no se recuperen “el Senado, en colaboración con la Asociación Taurina Parlamentaria, los grupos parlamentarios y las comunidades autónomas que quieran adherirse, acogerá anualmente el Premio Senado para la Tauromaquia”.
La Asociación Taurina Parlamentaria no es la Fundación, sino una peña como tantas otras que existen en España, formada por un grupo de parlamentarios y exparlamentarios cuya principal actividad es la concesión de unos premios anuales que se entregan en el edificio del Senado. Y la denominación Premio Senado para la Tauromaquia no tiene nada que ver con el llamado Premio Nacional de Tauromaquia.
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Pero hay más. Aunque la FTL nunca lo confirmó oficialmente, la intención expresada por fuentes de la organización y no desmentida fue desde el primer momento la creación de un premio en colaboración con las Comunidades Autónomas de la Junta de Extremadura, la Generalitat Valenciana, Castilla La Mancha, Andalucía y Madrid, opuestas públicamente a la decisión de Cultura.
Además, la entidad presidida por Victorino Martín anunció el pasado 2 de octubre que había presentado un recurso ante la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional contra la orden que suprime el Premio Nacional de Tauromaquia, sobre el que los jueces aún no se han pronunciado.
En conclusión, el Senado puede convocar un premio taurino si así lo desea, pero no sustituir al del Ministerio de Cultura que la tauromaquia recibía al igual que otros sectores culturales. Si así lo admite la Fundación, sería aceptar sin más la decisión del ministro Ernest Urtasun, y la politización de la fiesta de los toros, que es uno de los estigmas malintencionados que desvirtúan y manchan la esencia de este espectáculo.
No parece apropiado que la tauromaquia —los taurinos y los aficionados— admita la supresión del Premio Nacional sin librar una batalla contra una orden ministerial que raya en la ilegalidad, adoptada por un ministro antitaurino que se define como demócrata y no tiene empacho en saltarse la ley a la torera a pesar de su promesa de respetar el mandato constitucional.
Sería más lógico esperar la decisión de la justicia al recurso presentado por la FTL, y, sea cual sea el veredicto, seguir trabajando en los frentes necesarios para que se recupere ese premio que la tauromaquia merece como industria cultural.
Solo en el hipotético caso de que no fuera posible el rescate del premio —la responsabilidad sería del sector y de los aficionados, pues no son pocos los colectivos que han conseguido que la autoridad rectifique sus decisiones— podría ser la Fundación Toro de Lidia la que, investida para este caso como representante del sector, concediera un premio con la colaboración de las entidades públicas y privadas que así lo consideren.
Al revés, no. El Senado, no. Politización, no.
En la fiesta de los toros caben todas las opciones políticas, pero no pertenece a ninguna. Mejor que no haya premio antes que un partido, sea cual sea, se lo apropie.
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Antonio Lorca, prestigioso crítico taurino del influyente diario español El País
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